Con la entrada en vigencia del Decreto 463/2025, el Ejecutivo oficializó la disolución de tres fideicomisos estratégicos: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. La decisión se tomó a horas de que vencieran las facultades delegadas al presidente Javier Milei, otorgadas por la Ley Bases 27.742.
De esta manera, el Gobierno cierra su ciclo de reformas estructurales con un ajuste profundo en organismos que concentraban recursos clave para la inversión pública, el combate contra incendios y el desarrollo productivo nacional. Según lo justifica el decreto, la medida se toma tras detectar “graves irregularidades en su funcionamiento”, con auditorías a cargo del Ministerio de Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En el caso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, creado por la Ley 26.815 en 2013 y financiado desde 2021 por un impuesto del 3‰ sobre seguros automotores y agropecuarios, las auditorías revelaron falta de planificación, contrataciones irregulares, escasa rendición de cuentas y deficiencias en los controles. A pesar de haber recaudado $26.000 millones entre 2022 y 2023, solo se ejecutaron $70 millones.
La SIGEN, además, advirtió que fue imposible establecer con precisión los montos recaudados por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, lo que generó incertidumbre sobre el destino final de los fondos. A partir de ahora, la contribución obligatoria será administrada por el Ministerio de Seguridad, que absorberá el Sistema Federal de Manejo del Fuego.
Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), antes conocido como FONDEAR, también fue eliminado. Este instrumento fue creado para financiar sectores estratégicos y obras de infraestructura, pero la SIGEN identificó fallas graves en el monitoreo, dificultades para el recupero de préstamos y debilidades en la ejecución de fondos. La normativa original, el Decreto 606/14, también fue derogada.
Otro organismo que desaparece es el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tenía como fin gestionar programas federales de obras públicas, muchos de ellos nacidos durante la gestión de Mauricio Macri. Tras casi 30 años de actividad, la auditoría reveló fallas en la devolución de préstamos y pérdidas significativas para el Estado.
Desde el Gobierno aseguraron que los contratos en curso y los fondos recaudados seguirán vigentes, pero pasarán a estar bajo la órbita de otras carteras. En el caso de los compromisos internacionales con provincias, será el Ministerio de Economía el encargado de la continuidad operativa.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo. En conjunto con otras 26 disoluciones ya ejecutadas, esta decisión confirma la estrategia del oficialismo de achicar el Estado en áreas que considera ineficientes o deficitarias.
Desde InfoArrecifes.com se pudo corroborar que estas acciones forman parte de los últimos decretos firmados antes del vencimiento de las facultades especiales delegadas al Poder Ejecutivo. La intención, aseguran fuentes oficiales, es consolidar un esquema de gobierno con menos estructuras y mayor control desde el núcleo central del Estado.
Redacción de Info Arrecifes del Grupo de Medios Infopba.com
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