El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín resolvió este jueves a favor del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y dictó una medida cautelar que impide el cierre de la Dirección General de Vialidad Nacional. La decisión judicial suspende temporalmente los efectos del decreto impulsado por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La medida, que establece la prohibición de innovar sobre el organismo, fue confirmada por Emiliana Mcnamara, secretaria general de SEVINA. La dirigente explicó que “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”, y remarcó que “Vialidad Nacional es un ente autárquico creado por un decreto ley, por lo cual su disolución por vía administrativa es inconstitucional”.
De esta manera, la Dirección General de Vialidad Nacional, encargada de la planificación, ejecución y mantenimiento de las obras en rutas nacionales, deberá seguir operando hasta tanto se resuelva judicialmente la validez del decreto presidencial. La discusión de fondo gira en torno a si el Poder Ejecutivo tiene facultades para eliminar organismos públicos de este tipo mediante un DNU, sin pasar por el Congreso.
InfoArrecifes.com accedió a la presentación judicial en la que SEVINA plantea la inconstitucionalidad de la medida y solicita la continuidad del ente vial, argumentando su rol estratégico en el desarrollo del país. A su vez, se conoció que otros sindicatos también se sumaron al reclamo, como el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que presentó recursos contra la disolución no solo de Vialidad, sino también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Para Mcnamara, el objetivo es claro: “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas del país”. La resolución judicial representa un freno significativo a uno de los avances más controversiales del Gobierno nacional en su plan de ajuste del Estado.
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